La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, perteneciente al Parlamento Europeo, adoptó el pasado jueves una posición favorable a la iniciativa de establecer un cargador común para los dispositivos eléctricos y electrónicos. Se trata del primer paso para aprobar una nueva legislación, en esta materia, que permitirá reducir la generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) ya que, al comprar un nuevo dispositivo, este no vendrá automáticamente con su correspondiente cargador. En este sentido, Fundación ECOLEC valora positivamente este impulso al considerarlo un elemento clave para gestionar correctamente este tipo de residuos y potenciar, de forma paralela, el modelo de Economía Circular en la Unión Europea.
“Las estimaciones del Parlamento Europeo indican que, cada año, llegan a Europa unos 500 millones de cargadores que generan entre 11.000 y 13.000 toneladas de RAEE. Con esta iniciativa se podrán reducir costes de producción, se dará un impulso a la reutilización y, por supuesto, potenciará el modelo circular, clave para la consecución del Pacto Verde Europeo, y que permite reaprovechar los componentes de aquellos dispositivos en desuso para fabricar nuevos aparatos”, ha apuntado Rafael Serrano, director de relaciones institucionales, marketing y comunicación de Fundación Ecolec.
De este modo, según ha adelantado el Parlamento Europeo, cualquier dispositivo electrónico como móviles, tablets, consolas o cámaras deberán contar con un puerto USB tipo C, independientemente del fabricante. Solo estarían exentos a esta normativa aquellos aparatos que sean demasiado pequeños como para tener este tipo de puerto (smartwatch, algunos equipos deportivos o dispositivos sanitarios).
“No podemos olvidar que los RAEE son el tipo de residuos que más está aumentando durante los últimos años en todo el mundo. Este tipo de iniciativas permiten frenar este crecimiento y crear una concienciación colectiva sobre la importancia del reciclaje”, ha señalado Rafael Serrano, que además ha querido hacer especial hincapié en que el consumidor se verá especialmente beneficiado, en caso de establecerse un cargador común, porque facilitará su decisión de compra y le permitirá un ahorro económico.
Si bien es cierto que la propuesta legislativa debe debatirse en el pleno del Parlamento el próximo mes de mayo, se trata de un avance en la apuesta por una Europa más sostenible y comprometida con su entorno. La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor señala 2026 como fecha clave para que la interoperabilidad de las tecnologías se haga efectiva y para que, además, se creen diferentes etiquetas con información clara para el consumidor.
